Enfoque del Plan Departamental de Desarrollo de La Guajira 2008 – 2011
La concepción general de este instrumento del sistema de planeación territorial es consecuente con la indicación constitucional de los planes de desarrollo: Planeación estratégica, prospectiva con enfoque de derecho con prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la teoría de riesgo, ejercicio de la ciudadanía a través de acciones colectivas y responsabilidad social de las autoridades territoriales y de los agentes no públicos en un contexto autonómico y de profundización del proceso de descentralización política, socioeconómica, administrativa, fiscal, así como el desarrollo endógeno, diversificado y sostenible del territorio y población.
En particular, el enfoque del Plan Departamental de Desarrollo, “La Guajira, Seriedad y Compromiso” 2008-2011 se fundamenta en los siguientes enunciados:
§ La equidad y la inclusión social con enfoque de derecho
El pacto social de la Constitución Nacional establece la equidad y la justicia como principios fundamentales de la sociedad colombiana en general y de sus entidades territoriales en particular.
La inequidad y la exclusión social trascienden la justicia individual y representa un problema de eficiencia que afecta a toda la sociedad nacional y a sus territorios. La falta de equidad en un espacio, nivel o dimensión de una formación económica y social puede conducir a la pérdida de eficiencia y desigualdad en otras (A. Sen)[1].
El enfoque de derechos posibilita avanzar en el logro de una mayor equidad y en la inclusión social.
§ El enfoque de derechos en las políticas y estrategias de desarrollo.
El primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos (poblaciones en alto riesgo y socialmente vulnerables) es reconocerlos como titulares de derechos por parte del Estado. Se impone un cambio en la lógica de los procesos de elaboración de las políticas: El punto de partida no son personas con necesidades, que deben ser asistidas, sino sujetos de derecho. El enfoque de derechos humanos señala de manera normativa la atribución de responsabilidades a la sociedad, permitiendo y obligando a rendir cuentas y explicitar claramente a los niños y niñas como sujetos plenos de derechos.
Que sea de interés prioritario y el centro de todas las decisiones políticas el tema de restitución y cumplimiento de los derechos de los niños, niñas adolescentes y jóvenes para su desarrollo pleno y generar el cambio social que queremos.
A partir de allí, los derechos orientan las políticas y definen el enfoque para su formulación y ejecución. El reconocimiento de los derechos está relacionado indisolublemente con la entrega de poder y con el fortalecimiento de mecanismos de corresponsabilidad.
§ La pobreza desde la perspectiva de derechos
Es un estado complejo de privación relativa en la que, por ausencia de oportunidades, las personas están limitadas para desarrollar sus capacidades y ejercer plenamente y en forma efectiva sus derechos.
La pobreza conduce a la privación de libertades básicas (positivas y negativas), como evitar el hambre, la enfermedad o el analfabetismo.
El enfoque de derechos y de desarrollo implica la realización de un esfuerzo integral y sistémico en distintas dimensiones y niveles, tales como el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la desigualdad, la gobernabilidad democrática, la equidad de género y el desarrollo sostenible.
§ Igualdad y democratización de oportunidades y de resultados
Supone el reconocimiento igual de derechos y la aplicación de normas de asignación que privilegie a los más expuestos a riesgos y amenazas en los siguientes términos:
Imparcialidad: La persona debe ser considerada de acuerdo con la regla consensuada y no queda expuesta a factores aleatorios.
Igualdad en el ejercicio y disfrute de los mismos derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales
Igual participación de los iguales en cualquier ámbito: una norma no es equitativa si da a los iguales trato desigual y a los desiguales tratos igual.
Igualdad proporcional: los sujetos deben ser tratados en proporción a su desigualdad.
§ La redistribución: un imperativo para mayor bienestar, mayor equidad y mayor eficiencia
Estratégicamente el plan busca modificar la desigualdad en las condiciones iníciales de los territorios y las poblaciones más vulnerables.
Permite afectar los factores económicos que condicionan la distribución primaria del ingreso: propiedad, control de activos productivos, diferencias en productividad, calificación de la mano de obra, política de ingresos y salarios.
El papel de las políticas sociales en doble perspectiva: poblacional y territorial y no sectorial, se constituye en uno de los mecanismos más importantes de redistribución, que puede asegurar la protección social y disminuir la desigualdad entre las ciudadanas y los ciudadanos. La importancia que se les asigne, permite conocer el grado de compromiso social de un estado.
Estas políticas se generan en la esfera estatal pero son condicionadas por otras esferas con la necesaria responsabilidad social, territorial y poblacional y no deben entenderse solamente como un intento por corregir las desigualdades que genera el mercado, sino como una intervención que puede modular, disminuir o aumentar la propia desigualdad.



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